Una jornada para entender el presente y planificar el futuro del sistema de movilidad nacional
El 10 de junio de 2025, la Fundación Corell, en colaboración con la Cátedra “Nos Mueves” (UPM-TRANSyT y ALSA), celebrará en Madrid una jornada técnica de primer nivel en torno a las conclusiones del estudio “Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España”, desarrollado por el Centro de Investigación del Transporte TRANSyT de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y liderado por el profesor José Manuel Vassallo.
Esta jornada, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través del Plan de Ayudas a la Formación del Sector del Transporte por Carretera, se convertirá en un punto de encuentro clave para analizar el impacto real del sistema de transporte en nuestra economía, sociedad y medio ambiente, así como los retos fiscales, tecnológicos y sociales que condicionarán su futuro inmediato.
Un estudio imprescindible para comprender el sistema de movilidad
La investigación —coordinada por la Fundación Corell y patrocinada por ALSA— aplica una metodología rigurosa y transversal a los diferentes modos de transporte, analizando tanto su aportación fiscal como su coste medioambiental y social. Se calcula tanto la aportación bruta de cada modo de transporte (por uso de infraestructuras, pagos medioambientales y fiscalidad específica) como la aportación neta, que descuenta subvenciones como las Obligaciones de Servicio Público o las bonificaciones a colectivos vulnerables.
Asimismo, el estudio compara estos ingresos con los costes no internalizados, como el mantenimiento de infraestructuras o las emisiones de CO₂, aportando una visión integral y objetiva del sistema. El análisis diferencia entre transporte urbano e interurbano, así como entre mercancías y viajeros, lo que permite una comprensión precisa del peso real de cada modo de transporte.
Fiscalidad, transición energética y derecho a la movilidad
Uno de los focos principales de la jornada será el impacto que tendrá la nueva taxonomía verde europea en la estructura impositiva del transporte. La creación del Fondo Social para el Clima y el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (RCED2) afectarán de forma directa a los sectores del transporte y la vivienda. La jornada abordará cómo este nuevo marco puede repercutir en la competitividad de las empresas, en el diseño de las políticas públicas y, especialmente, en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Se prestará especial atención a la doble imposición fiscal que puede derivarse del retraso en la electrificación del transporte pesado y el lento avance de las tecnologías alternativas como el hidrógeno, un problema que impacta tanto en operadores públicos como privados.
Mesas de debate con voces expertas
El evento contará con dos mesas redondas que reunirán a representantes del sector empresarial, asociaciones profesionales, administración pública y entidades medioambientales. La Mesa 1 explorará ideas para una financiación del transporte equitativa y estable, con la participación de representantes de Fundación Corell, CONFEBÚS, CIAF y ACE. La Mesa 2, por su parte, analizará los retos y oportunidades del Fondo Social para el Clima y otros instrumentos nacionales y comunitarios, con la presencia de entidades como ECODES, GREENPEACE, el Ministerio para la Transición Ecológica y la empresa DISFRIMUR.
Una fiscalidad al servicio de una movilidad sostenible
Tal como se abordará en la jornada, el actual sistema fiscal del transporte ha contribuido históricamente a la financiación de infraestructuras públicas (como demuestra el caso del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos). Sin embargo, en el contexto actual de transición ecológica, digitalización y desigualdad territorial, se hace imprescindible una revisión integral de los mecanismos de financiación que garantice la viabilidad del sistema y proteja el derecho a la movilidad, especialmente para los colectivos más vulnerables.
La Fundación Corell reitera con esta jornada su compromiso con una movilidad justa, sostenible y bien gobernada, que sirva de herramienta para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la educación, la sanidad o el empleo, y que al mismo tiempo contribuya de forma decisiva a la reducción de emisiones en el conjunto de la economía nacional.
