La regulación como ámbito para ayudar a transitar a los sectores del transporte, la movilidad y la logística hacia la descarbonización

Josep Maria Fortuny y Juan Miguel Sánchez, participantes en los debates del Think Tank Movilidad.

11 de noviembre de 2022

El transporte, la movilidad y la logística son imprescindibles para el desarrollo de la economía y la sociedad, tanto es así, que tenemos experiencias recientes de lo que supone que no funcionen -como ha sido el covid, la guerra, la huelga del transporte o el corte del canal de Suez-, y sus consecuencias sociales y económicas en todos los casos.

Hacemos esta reflexión justo cuando la mayoría de los países se reúnen en Egipto (COP-27) para evaluar y tomar nuevos compromisos respecto al cambio climático; y somos conscientes de la necesidad de que la regulación -en un sentido amplio del término-, del transporte, la movilidad (incluida la automoción) y la logística, debe ser un factor clave e influyente, en esas actividades económicas y sociales; y lo debe ser para ayudar al objetivo de un cambio estructural de profundas consecuencias para los ciudadanos y las empresas, a la hora de ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Los compromisos en el marco de Naciones Unidas o de la Unión Europea, así como su ejecución por los estados -en toda su complejidad administrativa y niveles de decisión-, pretenden avanzar en calendarios sobre la prohibición del uso de vehículos con motores dependientes de combustibles fósiles, que van a condicionar la economía de las empresas y sectores de la movilidad y que abren un proceso de transición tan necesario como delicado.

La propia UE, en el marco de desarrollo del Acuerdo Verde Europeo (EGD), ha elaborado un plan con un conjunto de medidas legislativas en julio de 2021 (llamado “Objetivo 55”), precisamente para asegurar el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% en 2030 frente a los niveles registrados en 1990.

Entre esas medidas, el Consejo europeo ha aprobado un “nuevo sistema de comercio de emisiones independiente” para el transporte por carretera, que comenzará la subasta de derechos de emisión a partir de 2027 y la entrega a partir de 2028, y que regulará a los suministradores de combustibles. Con esas medidas se pretende internalizar costes externos en uno de los sectores difusos más amplio y que más emite.

Otra de las medidas que propone el plan Objetivo 55 de la UE, consiste en la prohibición, a partir de 2035, de venta de turismos y furgonetas que no sean cero emisiones. La futura caída, en España, de la recaudación del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos por la menor venta de los productos derivados del petróleo -entre otras razones que afectan al nivel de deuda pública, y la necesidad de un mantenimiento de calidad en las vías-, va a abocar en breve a reabrir el debate sobre la financiación de las infraestructuras, con más fuerza y rigor que hasta ahora y se propongan sistemas de peajes o tarificaciones generalizados para turismos, furgonetas, camiones y autobuses. El elemento regulatorio en este asunto, tanto en el debate, como en el diseño y en su ejecución, se va a constituir en una pieza vital en los pasos a dar en el proceso de transición a la descarbonización. La tarificación del uso de las infraestructuras tradicionalmente enfrenta a sectores variados del mundo del transporte y la movilidad, como algunos que se sitúan en su contra -las empresas transportistas de carretera, logísticos, cargadores o fabricantes de vehículos-, y otros respaldan abiertamente su puesta en marcha -como ocurre con las empresas de transporte de mercancías ferroviarias o los constructores de infraestructuras viarias-. La ciudadanía necesitará participar de la toma de decisiones, hará falta mucha explicación y pedagogía para comprender el debate, así como sus argumentos técnicamente complejos. Los poderes públicos y las propuestas de regulación tendrán que abandonar los despachos y laboratorios para abrirse a un debate abierto.

Sin duda, este tipo de medidas con fines exógenos al funcionamiento de las actividades del transporte, la movilidad y la logística -pero en este momento prioritarias-, tendrían que ser contrapesadas con la valoración de otros factores, en este caso endógenos, que deben ser tenidos en cuenta en relación con la economía de todos los que forman parte de este ecosistema, y para calibrar bien su repercusión y la incidencia financiera, social y de seguridad jurídica que todo ello produce.

En la reflexión que debería ser abordada, los puntos a tratar son muy variados, amplios y profundos, pero entre los más necesarios con implicaciones regulatorias en las actividades de los sectores mencionados, y sin pretensión de ser exhaustivos, nos encontramos con los siguientes, a modo de decálogo:

  • Aprobar una ley de movilidad que integre y articule todos los aspectos del transporte, la movilidad, la intermodalidad y la logística, y que determine escenarios progresivos de obligatorio cumplimiento para las empresas con opciones diversas. Sería necesario calendarizar el proceso para una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones y avanzar en aspectos novedosos de la gobernanza integrada y participada en el ámbito del transporte y la movilidad.
  • Asegurar una competencia leal en la transición: facilitar un marco practicable de adaptación de la empresa privada en los ámbitos en que concurre con empresas de titularidad pública, así como equilibrar las opciones y los ritmos de la transformación para ambos.
  • Aplicar tanto el principio de neutralidad tecnológica como de tecnología flexible en el proceso de adaptación.
  • Reforzar los mecanismos de apoyo financiero sin los que la reconversión no es practicable. Conviene complementar el régimen de ayudas directas con medidas en el ámbito de la fiscalidad: incentivos, bonificación de otros tributos, desgravaciones en inversión, etc.
  • Convendría establecer un marco común en el desarrollo de zonas de bajas emisiones (calidad del aire) en los ámbitos urbanos, así como promover la armonización para evitar la fragmentación normativa y la heterogeneidad de requerimientos a las empresas.
  • Sería recomendable aprobar con la máxima urgencia un plan nacional de estaciones de recarga de vehículos electrificados u de otras energías, con el fin de garantizar el suministro y el proceso de transformación iniciado, en la línea de la resolución aprobada recientemente para el ámbito UE por el Parlamento europeo. A la vez, resulta imprescindible avanzar en la estandarización industrial de productos, componentes y requerimientos técnicos y de provisión de servicios de suministro de energía-, para conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos disponibles.
  • Reforzar los requerimientos formativos del personal de conducción y otros. Introducir en la formación de capacitación profesional de los conductores profesionales y en la formación propia de la competencia profesional del sector del transporte nuevos elementos.
  • Profundizar jurídicamente en el desarrollo de nuevas fórmulas de uso, disposición y gestión de vehículos y flotas, incentivar la reducción de recorridos ineficientes o en vacío, el uso de vehículos compartidos, renting, gestión de la flota, etc. Además, y desde el punto de vista regulatorio, parece necesario un desarrollo más afinado de las etiquetas de los vehículos, así como de los procesos de ITV y de inspecciones en carretera, que incentiven los motores con menores emisiones reales.
  • Integración de la cadena de valor. Formalizar desde la actividad de transporte un proceso plenamente colaborativo con los fabricantes de vehículos y los proveedores de energía destinada a la movilidad, para pasar de simples clientes a agentes colaboradores en la transformación, alineando las acciones en los ámbitos respectivos.
  • Por último, pero no menos importante, habilitar -desde o en colaboración con el sector público-, un espacio permanente y accesible de información a las empresas, desde la máxima neutralidad, en el que puedan recogerse la innovaciones, alternativas, ayudas, estado del arte y ritmos de la transformación.

Para leer el documento completo, aquí.

Qué se dice
Síguenos
Últimas noticias