Indexar o desindexar, esta es la cuestión

José Antonio Herce San Miguel

Desde 2015 existe en España una Ley de Desindexación (cuyo reglamento se desarrolló en 2017 mediante RDL) que desvincula la formación de precios de los bienes y servicios (de sectores que actúan en el ámbito público) de la inflación general (IPC) ligándola a los costes estrictos de cada cadena sectorial.

De esta ley, queda expresamente excluida la desindexación de las pensiones, los salarios (sujetos a la negociación colectiva) y la deuda del estado. Paradójico, pues, desde que entró en vigor la Lay 13/2013 del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, la indexación de estas últimas estaba ya regulada a través del IRP.

Desde hace unas semanas, la Ley 13/2013 ha quedado al borde de su derogación, pues se encuentra a la espera de la tramitación parlamentaria del Ante Proyecto de Ley fruto del acuerdo social logrado por el gobierno recientemente. Las pensiones volverán a indexarse con la inflación (IPC) a partir de enero de 2022. Indexamos y desindexamos a nuestro gusto. Porque solo cuando la inflación empezó ha ser relevante, a partir de 2017, caímos en la cuenta de que el IRP, que había permitido aumentar el poder adquisitivo de las pensiones sin que nadie pusiera el grito en el cielo en 2014 (su año de entrada en vigor, un -0,2%), 2015 (un -0,5%) y 2016 (un 0,2%), empezaba a hacer daño …


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