En un momento clave para la transición energética y la transformación del modelo de movilidad, la fiscalidad del transporte vuelve al centro del debate.
El transporte por carretera —tanto de mercancías como de viajeros— es, con diferencia, el modo que más contribuye fiscalmente en España. Sin embargo, esta aportación sigue sin reconocerse adecuadamente ni reflejarse en políticas públicas que impulsen su competitividad o sostenibilidad.
Así lo denuncia Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, en un reciente artículo publicado en Transporte XXI, donde advierte de que la presión fiscal que soporta la carretera es alta, sostenida y específica, y está muy por encima de la que soportan otros modos como el ferroviario, el marítimo o el aéreo. Según Valdivia, el transporte por carretera aporta hasta siete veces más que el aéreo, y lo hace no solo a través de peajes, sino principalmente mediante el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y otras tasas específicas.
Una carga que desequilibra el sistema
Esta situación, lejos de ser coyuntural, es estructural. A diferencia de otros modos, el transporte por carretera no solo no recibe subvenciones directas, sino que genera más ingresos para el Estado de los que recibe en forma de inversión pública. Aun reconociendo las externalidades negativas de este modo —como las emisiones o el desgaste de la red viaria—, Valdivia sostiene que su contribución fiscal las compensa ampliamente.
“El sistema será no solo injusto, sino también ineficiente si el esfuerzo recae únicamente sobre quienes ya aportan más”, afirma el directivo de ASTIC. En plena transición hacia modelos energéticos más limpios, esta situación resulta insostenible tanto desde el punto de vista económico como político.
Una red viaria que se resiente
El autor también pone el foco en el deterioro de la infraestructura viaria. La red española acumula un déficit de inversión en conservación superior a los 11.000 millones de euros, una cifra que impacta directamente en la seguridad vial y en la competitividad del transporte. La falta de Presupuestos Generales del Estado no ha hecho sino agravar este problema, retrasando inversiones imprescindibles.
En este sentido, Valdivia lanza una llamada a la acción a los responsables políticos para que acometan una renovación urgente de las infraestructuras y diseñen una política fiscal más equilibrada: “Aplicar una fiscalidad justa que no penalice a quienes ya están contribuyendo de forma significativa debe ir de la mano de una inversión decidida en la mejora de nuestras carreteras”.
Una visión estratégica de país
El artículo concluye con una reflexión de fondo: el sistema de transporte es la columna vertebral de un país moderno, y requiere políticas públicas que reconozcan la realidad económica del sector. Redistribuir cargas fiscales, invertir en infraestructuras y apoyar activamente la descarbonización del transporte por carretera deben ser prioridades para avanzar hacia una movilidad más justa y eficiente.
