Según un informe que preparan el centro de investigación del transporte Transyt, vinculado a la Universidad Politécnica de Madrid, y la consultora LLYC, la estrategia sobre Movilidad sostenible que prepara la Unión Europea es como poco ambiciosa y difícil de ejecutar.
El plan de la Comisión Europea para la transición del sector de la movilidad hacia una mayor intermodalidad, infraestructuras conectadas y la neutralidad en carbono cuenta con muchas lagunas que, a día de hoy, no tienen fácil respuesta.
La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE, presentada en diciembre con 82 iniciativas, requiere
“Un gran esfuerzo económico y regulatorio, y existe una gran incertidumbre sobre cómo ejecutarla, en qué plazos y cuál será el impacto final sobre los distintos sectores a que se dirige, pudiendo adelantarse que no todos serán positivos o producirán un efecto rebote que debe tenerse en cuenta”, concluye el estudio.
Por esta razón la Fundación Corell lleva tiempo trabajando en su estudio “Bases para la nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre”, que presentó en la Jornada celebrada el pasado 23 de marzo. Una nueva regulación debe contemplar adecuar la movilidad y el transporte a las nuevas circunstancias, de manera que sirva como principios para la elaboración de una nueva ley de movilidad.
El acto, que contó con la participación Ignacio López Cano, presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso de los Diputados y M.ª José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, planteó las bases que la nueva regulación debe contemplar para adecuar la movilidad y el transporte a las nuevas circunstancias, de manera que sirva como principios para la elaboración de una nueva ley de movilidad.
Como afirmó Miguel Ángel Ochoa, Presidente de la Fundación Corell:
“Se necesita una nueva regulación que pueda prever o dejar campos abiertos para los cambios que se están avecinando y los que ya están presentes”.
Nuevos actores como las plataformas digitales, sustitutas de la autoridad en los mercados desregulados, así como las nuevas posibilidades de movilidad individual y compartida reafirman la necesidad de una actualización de la normativa actual no solo a nivel nacional, si no también europeo.